Entre popularidad y encubrimiento.
Ana Pomar, Margarita Romero, y Marcos Galindo.
En las sociedades existe la necesidad de tener dirigentes políticos que ejerzan un encargo, el cual tenga como fin ofrecer soluciones efectivas ante las necesidades y demandas del pueblo, siempre velando por los derechos de las y los más vulnerables, ello, con el afán de mejorar la calidad de vida de dicha sociedad. En un sistema democrático, la elección de estos dirigentes se realiza a través del voto; en México, en las siguientes semanas, se avecinan campañas electorales agresivas que apelen a emociones, a recuerdos, a eventos del pasado, a descalificaciones, a insultos e, incluso, a denuncias morales y penales. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿qué tanto los candidatos de los partidos políticos dan respuesta a las necesidades y demandas de los gobernados?
Es cierto que los espacios políticos deben de estar ocupados por representantes que sean parte de las y los ciudadanos, también es cierto que cada puesto debería de ser apropiado por entes que verdaderamente reflejen a la población en toda su diversidad. Sin embargo, esos espacios y puestos deberían de estar a cargo de personas que estén capacitadas, en lo académico y en lo experiencial, para poder desempeñar el cargo político de que se trate. En ese orden de ideas, suena lógico suponer que las personas que pretendan ocupar un cargo público deban cumplir con una serie de requisitos, los cuales permitan un mejor desarrollo de su puesto y, en consecuencia, mejores oportunidades para todos aquellos que representan.
No obstante, la política en México se caracteriza por tener representantes claramente incompetentes para dichos cargos. Para nadie es sorpresa que muchos funcionarios no cuenta con educación básica, y que, en cambio, sólo gozan de sueldos estratosféricos que ofrece la política simplemente por ser el recomendado de alguien.
En ese sentido, hay que recordar los procesos históricos que ha vivido este país, sin ser exhaustivos en ellos. Resulta pertinente rememorar que el PRI gobernó durante setenta años con prácticas corruptas, gubernaturas caciquiles y una ostentación de poder casi faraónica. Empero, desde el año 2000 existió un cambio partidario en este país. Retomar estos hechos resulta relevante, pues, sólo existió un cambio partidario y, de manera incipiente, se apelaba a la transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Si bien es cierto que se crearon organismos ex profeso, también es cierto que social y políticamente poco ha cambiado en la realidad mexicana.
Incluso, pese a que el actual gobierno apeló, y apela, a un cambio político profundo, la realidad dista mucho del discurso. Pues se sigue refiriendo al gobierno como el otorgante de derechos y no como el ente obligado a reconocerlos, puesto que, al estar contenidos en diferentes instrumentos legales, el Estado sólo tiene que hacer un acto que englobe su reconocimiento, protección y tutela en todo momento de la existencia del ser humano. Sin embargo, hoy se perpetúan los actos de corrupción, el menosprecio a lo diferente y la falta de un acceso pleno de derechos.
En antaño los jefes de Estado mantenían una imagen hipócrita de conciliación, no por ello menos negligente. Hoy el presidente de este país mantiene una descarada apatía, indolencia y negación de los problemas sociales que no están dentro de su agenda política. Problemas como: la falta de suministros médicos a niños y mujeres con cáncer, los ecocidios, las y los desaparecidos, el mal manejo de la pandemia, las persecuciones a defensores territoriales, la violencia de género, el reclamo de reconocimiento de derechos de las mujeres, entre muchos otros que no existen para el actual gobierno, y que los considera como invenciones de “la mafia del poder”.
Bajo este contexto, los partidos políticos han colocado como candidatos a personajes como exfutbolistas, modelos, actrices, actores, luchadores, comediantes, cantantes, y una serie de personajes que demuestran la nula aptitud cualitativa para desempeñar un cargo en el aparato gubernamental. Así, se tienen declaraciones, como la de “Paquita, la del barrio”, diciendo “yo no sé a qué vengo aquí, me entendieron, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto”.
Este hecho no es novedoso, pues en las últimas elecciones se ha notado este fenómeno de postulación de figuras públicas, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien desde 2016 se desempeñó como presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, y para 2018 ganó las elecciones como gobernador de dicha entidad. O el caso de Sergio Mayer, cantante y actor, quien desde el 2018 se desempeña como diputado federal.
Para las próximas elecciones de 2021 se repite la fórmula de apelar a figuras públicas populares, los cuales se han registrado como candidatos para diferentes cargos políticos, cabe recalcar que ninguno cuenta ni con la preparación escolar, ni con la carrera política necesaria, lo cual nos hace reflexionar: ¿qué buscamos en nuestros representantes políticos? ¿Los elegimos por sus propuestas o por su popularidad?
Sin duda alguna el hecho de que sea figuras públicas juega un papel importante. Pues, mucha de la población no se interesa en política, algunos no conocen ni a sus representantes políticos, por lo que resulta más sencillo votar por un rostro conocido o dejar de ejercer el derecho al voto. E incluso se presentan candidatos con acusaciones de delitos, como violación o acoso, tal es el caso de Félix Salgado del partido MORENA, quien intenta, por tercera vez, ganar la gubernatura del Estado de Guerrero. Ha sido evidente que desde inicios del 2021 se ha cuestionado su candidatura y ha existido una fuerte presión y denuncia pública tanto de colectivas feministas como de feministas no pertenecientes a colectivas. Sin embargo, parece pertinente preguntarse cómo es que una persona cuestionada en su respeto a las normas jurídicas de este país continua como candidato a la gubernatura.
Parece que tener una persona que no respeta la ley u otras sin conocimientos políticos, académicos o sensibilidad a los problemas sociales son un asunto menor cuando esas personas tiene una militancia política que los avala, o un reconocimiento y apoyo social. En ese sentido, cabe preguntarnos como sociedad qué estamos dispuestos a tolerar, qué permitimos de nuestros gobernantes en aras de prebendas y falsas promesas sociales, qué tan apáticos e insensibles somos frente al dolor del otro.
De esa forma, se deja en claro que no existen propuestas innovadoras ni que busquen la solución a los problemas que aquejan a la población. Se trata de fichas de juego que los partidos políticos utilizan, ya sea por “popularidad”, o por querer mantener su registro, o ambos, y así continuar teniendo los recursos que les son dados para financiarse. Además, no es secreto que emplean a la gente para sus propios intereses, no para los intereses sociales a los que tanto apelan y “suponen buscar”. Un Estado, en donde los partidos políticos conjuntan sus esfuerzos en ganar por ganar, en conservar su status de poder o acrecentarlo, está condenado a sufrir los embates de manera progresiva de aquello que ignora.
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