MATERNIDAD;

¿Una decisión de vida o un estigma de género?

 

 

Ana Pomar, Margarita Romero, y Marcos Galindo.

 

A  lo largo de la historia, el “ser mujer” ha estado directamente relacionado con “ser madre”; el  concepto de maternidad ha evolucionado con el paso del tiempo, sin embargo, desde antaño se ha creído que una mujer plenamente realizada tiene que llegar a un punto de inflexión en donde da vida y se hace responsable de otra persona, es tanta la asociación de estos dos conceptos que aún se señala y estigmatiza a aquéllas que deciden no ser madres, y se crucifica a aquéllas que deciden interrumpir un embarazo, ya que para un gran sector de la población a nivel mundial, interrumpir un embarazo es inconcebible, imperdonable e, incluso, un delito contra la vida. 

Bajo esa dinámica, el planear tener hijos o hijas, y el número, no siempre recae en las mujeres. Es una decisión que es “decretada” desde los ámbitos familiares, sociales e institucionales. Pues, mientras a las mujeres que son madres se les atosiga hasta el cansancio porque salgan del hospital con un método anticonceptivo (inyectados, orales, DIU o quirúrgicos) y, de hecho, más del 9 por ciento son obligadas a ello, a ningún hombre que es padre se le trata de la misma forma.

Esto denota parte de la configuración machista en la sociedad mexicana. No obstante, esta carga heteropatriarcal no debe imponerse sobre la libertad que las mujeres tienen a decidir sobre sus propios cuerpos. Es decir, la paternidad y la maternidad deben ser elecciones libres e informadas, más no impuestas. Bajo esa lógica, desde 2007 en la Ciudad de México se aprobó la despenalización del aborto. Hoy día las personas en estado de gravidez pueden abortar en clínicas públicas y sin costo hasta las 12 semanas de gestación. Muchos y muchas podrán cuestionar la fecha de las doce semanas, no obstante, existe un argumento que involucra el desarrollo fetal, ya que hasta esa fecha no hay desarrollo del sistema nervioso, por lo que no se genera dolor sobre el producto.

En ese orden de ideas, el precepto “aborto” es un término que deriva de vocablo en latín: abortus, en otras palabras, se puede decir que aborto es la interrupción de un embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Cabe señalar que, a partir de la semana 20, se le conoce como parto prematuro, así, el aborto antes de las 20 semanas puede ser causado de forma natural, lo que se conoce como aborto espontáneo, empero, cuando se llevan acabo ciertas acciones para interrumpir el embarazo se le conoce como aborto inducido.

El aborto ha sido un tema controvertido por siglos, y casi siempre toma tintes políticos y religiosos, desde hace mucho tiempo se ha practicado de forma clandestina, en su mayoría por personal que carece completamente de conocimientos médicos, por lo que el aborto representaba una causa de mortalidad en mujeres de edad fértil, desde esa perspectiva, a lo largo de los Siglos XX y XXI se ha buscado permitir la interrupción del embarazo de forma legal y con personal sanitario capacitado, ello, con el afán de reducir la tasa de mortalidad por esta práctica.

Cada persona puede tener una opinión a favor o en contra del aborto, lo cierto es que muchas veces no tomamos en cuenta todos esos factores socioculturales, económicos, y psico-emocionales que llevan a una persona gestante a querer interrumpir un embarazo. El primer pensamiento que mucha gente tiene es el de irresponsabilidad por parte de las gestantes por no cuidarse de “un embarazo no deseado”, pero jamás se cuestiona al hombre por no usar la protección necesaria para evitar dicho embarazo, haciendo evidente el machismo que todavía predomina en la sociedad; y es que la responsabilidad de un embarazo siempre recae sobre la mujer, y para la sociedad en general es “su responsabilidad”, al punto en que muchas veces no cuestionamos si esa mujer realmente quiere ser madre, sólo se vocifera la interrogante “¿cómo lo permitió?”, y eso es mucho más notorio con las gestantes adolescentes, en donde la familia ni siquiera toma en consideración a la menor, simplemente se inicia el control prenatal, el cual normalmente es liderado por la propia madre de la gestante.

Recientemente el Congreso de la Ciudad de México, con 45 votos a favor y 12 en contra, aprobó la Ley de Salud de la Ciudad de México, la cual permitirá que las personas en estado de gravidez puedan interrumpir legalmente su embarazo hasta las 20 semanas de gestación, en caso de violación.

Por supuesto que es necesario subrayarse que en años recientes ha existido un declive en la natalidad, pese a ello, también se han incrementado los embarazos adolescentes. Estos dos hechos nos hacen reflexionar sobre un elemento en común: planificación familiar y la responsabilidad que se tiene sobre ello. En ese sentido, si bien algunos hombres reflexionan sobre la importancia de la planificación familiar, y el mantener relaciones sexuales seguras mediante el uso del condón, no es menos cierto que muchos otros siguen dejando la responsabilidad de esa decisión en manos ajenas. En ese tenor, vale la pena hacer un análisis de los resultados que ha arrojado la despenalización del aborto en la CDMX en estos 11 años.

Primeramente, se debe destacar que la educación sexual cuenta con una carga enorme de tabús, o es inexistente para gran parte de la sociedad mexicana, tanto es así que se cuestiona la sexualidad de toda aquella persona gestante que decide interrumpir un embarazo. Frases como “el aborto es para niñas violadas, no para putas regaladas” reflejan la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres, en cambio, si un hombre se desentiende de la crianza de un hijo o hija solamente es llamado por la sociedad como “desobligado”, pero jamás como asesino.

Por otro lado, habrá de tenerse presente el estrato social que realmente ejerce el derecho a la interrupción del embarazo, ya que hay dos importantes sectores de la población gestante: por una parte hay un grupo de personas con el nivel académico, psico-emocional, económico y/o cultural que deciden interrumpir un embarazo (sea por el motivo que sea), y tomar las precauciones necesarias para evitar otro embarazo no deseado. Sin embargo, existe otro sector, el de las y los vulnerables, que en su mayoría se desarrollan en un ambiente de violencia de género, con presencia religiosa, en donde el embarazo se concibe como una obligación, por lo que no importa si el estado de gravidez fue planeado o no, ni si se cuenta con la madurez emocional y/o la estabilidad económica suficiente para hacerse frente a la situación, simplemente se asume que el embarazo continuará su curso, a pesar del estado de indefensión en el cual se puedan encontrar, y a quienes se supone la ley debería de proteger.

Esta aprobación ha generado muchas controversias, de las cuales se destaca, en primer lugar, el contexto de la aprobación. Es decir, el pasado ocho de marzo miles de mujeres salieron a manifestarse pidiendo el cese a la violencia de género y el aborto libre, legal y gratuito en todo el país. Pese a ello, estas mujeres no pidieron una extensión de semanas de gestación para realizar un aborto. Un dato que no es menor, pues pareciera que el actual Congreso de la Ciudad de México utiliza los discursos feministas para sustentar una ley.

Es cierto que las víctimas de estos abusos no reaccionan con prontitud frente a las circunstancias, ya que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y el aplazamiento de su decisión podría impedir el aborto, pese a esto, ocho semanas más no necesariamente es el tiempo que requieren. Por ello surgen diferentes cuestionamientos: ¿por qué a las veinte semanas si ya está formado el sistema nervioso? ¿por qué no incentivar la adopción? ¿no existen otras legislaciones para las víctimas de violación que sean más apremiantes? ¿saben que existe la objeción de consciencia para el personal médico y muchos apelarán a él? ¿será que su reforma causará más fragmentación social? Éstas y otras preguntas más surgen frente a esta ley que parece todo menos un respaldo a las víctimas.

Cabe señalar que dicha aprobación sólo es aplicable a aquella mujer (y claro que también a aquella persona en estado de gravidez) quien exprese que el producto es derivado de una violación, y con ello se le pueda practicar la interrupción del embarazo. Por supuesto que será completamente aplicable una vez que dicho ordenamiento jurídico entre en vigor. No obstante, ha caído en cuenta la ambigüedad que dicha institución jurídica tendría, y con eso se ha despertado la inquietud entre las diversas posturas en pro y en contra. 

Es menester señalar, que con eso no se pretende revictimizar, ni de dudar sobre los dichos de las personas violentadas, ni de poner en juicio esos sucesos, ni de exigir una validación probatoria antes de practicar cualquier proceso sanitario. De lo que sí se trata es de un cuestionamiento sobre los métodos legislativos, ya que limitan los derechos de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo.

También se trata de una exigencia para realizar políticas públicas que incentiven la educación sexual y la planificación familiar. Ya que el hecho de tener infantes y de gestarles suele ser, dentro de la sociedad mexicana, una labor que la mujer lleva en soledad. Debería de ser momento de modificar los esquemas sociológicos de la sociedad y liberar a la mujer y a las personas gestantes de toda la carga de la crianza de los infantes y del cuidado de personas.

Es importante cuestionarnos si realmente estas decisiones por parte del legislativo están bien planteadas, y cimentadas bajos argumentos médicos y científicos, pues a pesar de que es legal y gratuito interrumpir un embarazo (antes de las 12 semanas), aún hay muchas mujeres que recurren a abortos clandestinos. Y la pregunta queda suspendida en el aire: ¿por y para qué? Resulta evidente una sensación de que únicamente se trata de una técnica más para ganar el favoritismo de este sector en época electoral.